Provinciales jesuitas piden fin al hostigamiento nicaragüense

11 de febrero de 2020
Por David Agren, Catholic News Service
María Cirenia Victoriano de Jesús abraza a su nieta el 8 de febrero del 2020, durante una reunión familiar en San Diego, California. La actividad fue organizada por varios grupos comunitarios y defensores de los derechos de los inmigrantes, que ayudaron a traer a las personas mayores desde México para que visiten a sus hijos y otros familiares en Estados Unidos. Los hijos viven en EE.UU. sin documentos y en su mayoría, si viajan a México, no podrían reingresar a suelo estadounidense. Foto CNS-David Maung

CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — Provinciales jesuitas han pedido que las autoridades nicaragüenses acaben con “una campaña de difamación y agresiones” contra la Universidad Centroamericana –dirigida por jesuitas en Managua– y su rector el sacerdote jesuita José Alberto Idiáquez, “al igual que contra otras instituciones y personas vinculadas a la Compañía de Jesús en Nicaragua”.

En un comunicado del 7 de febrero publicado por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de Latinoamérica y el Caribe, y firmado por más de 90 colaboradores –incluyendo muchos vinculados a instituciones jesuitas– los provinciales dijeron que “responsabilizan” al presidente por cualquier daño contra los empleados o estudiantes en la universidad.
 
“Lamentamos profundamente que la crisis política en Nicaragua siga empeorando y que la posibilidad de diálogo entre el gobierno y la oposición haya sido suspendido, dejando como consecuencia un incremento en el sufrimiento del pueblo nicaragüense”, según el comunicado.

“Denunciamos, de la manera más firme y amplia posible… el continuo asedio financiero, económico y físico del cual (la universidad) ha sido objeto en los últimos tiempos”, continuó el comunicado.

El “asedio” se refiere a que la universidad no está recibiendo su parte del presupuesto federal asignado para educación –como previamente ocurría.

La Universidad Centroamericana ha sido un punto focal de oposición al régimen cada vez más tiránico del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo –cuya destitución ha sido demandada por los manifestantes que han tomado las calles en 2018.

La universidad ha ofrecido refugio a aquellos que protestan y ha sido cercada a veces por las fuerzas de seguridad.

Los observadores en el país dicen que los manifestantes ahora encaran una represión inminente de la policía y los paramilitares. Ortega y Murillo tildan a los manifestantes y a los arrestados como “golpistas” –una etiqueta que también le han puesto a los sacerdotes e instituciones católicas que brindan apoyo espiritual y albergue a los manifestantes que son atacados, así como a las familias de los prisioneros políticos.

“Denunciamos la mentirosa y calumniosa campaña mediática de odio que –con la complacencia del gobierno– se ha desarrollado en la última semana en contra de (la universidad) y de los jesuitas, de sus colaboradores y, particularmente, del padre Idiáquez a quienes respaldamos plenamente en su servicio”, según el comunicado.

“Responsabilizamos al Sr. Daniel Ortega y a la Sra. Rosario Murillo por la seguridad, la vida y la integridad de la (universidad) y de cada uno de sus miembros”.

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