Un ex-comandante militar acusado de asesinar a seis jesuitas y dos mujeres que trabajaban con la Compañía de Jesús durante la guerra civil de El Salvador enfrentó un juicio el 8 de junio en España, lo cual ofrece esperanzas de justicia para crímenes que se han quedado impunes por más de tres décadas.
Inocente OrIando Montano, ex-coronel en el ejército salvadoreño y exdiputado ministro de defensa, se presentó ante una corte española con una mascarilla protectora y en silla de ruedas, para enfrentarse a cargos de asesinato y a una sentencia de hasta 150 años de cárcel si se le encuentra culpable.
Los fiscales alegan que Montano, de 76 años, participó “en la decisión, el plan y ejecución de las matanzas” en 1989. Se cree que el ataque se llevó a cabo para hacer fracasar posibles negociaciones de paz entre las fuerzas del gobierno apoyado por los Estados Unidos y los izquierdistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
España persiguió el caso de los jesuitas asesinados, ya que cinco de las víctimas eran ciudadanos españoles. Además, el país tiene “ley de jurisdicción universal”, lo cual le permite imponer la jurisdicción para crímenes particularmente abominables.
Los sacerdotes fueron sacados de su residencia en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador, dirigida por los jesuitas, el 16 de noviembre de 1989, y presuntamente fueron asesinados por soldados.
El ataque a los sacerdotes se llevó a cabo con el pretexto de buscar a rebeldes izquierdistas. Se utilizó un rifle confiscado de los rebeldes en un intento de cargar el crimen a otros.
El padre Ignacio Ellacuría, rector de la universidad e importante figura en las conversaciones que llevaron a los acuerdos de paz, murió en el ataque. También murieron los padres Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes y Joaquín López.
Julia Elba Ramos, ama de llaves, y su hija adolescente Celina, también fueron balaceadas en el campus universitario.
Los asesinatos de los jesuitas generaron una luz internacional de los horrores de un conflicto de 12 años entre batallones de muerte y otros grupos de la derecha contra los rebeldes izquierdistas.
El conflicto estuvo lleno de atrocidades–incluyendo el asesinato de san Óscar Romero mientras celebraba misa en 1980, y de cuatro religiosas de Estados Unidos–y forzó a millares de personas a huir del país centroamericano. Una comisión de búsqueda de la verdad de la ONU dijo en 1993 que 75,000 personas habían muerto en la guerra.
La comisión, constituida el año siguiente con la firma de acuerdod de paz, averiguó que Montano había asistido a dos reuniones en las que se planificó el ataque, según el periódico The Guardian. Otros dos oficiales fueron encontrados culpables en El Salvador y cumplieron breves sentencias, pero no fueron considerados como los arquitectos de la matanza.
Montano vivió en los Estados Unidos durante 16 años hasta que fue extraditado a España.
Se esperaba que Montano hablara en su defensa el 1 de junio, y se ha programado la conclusión del juicio para el 16 de julio. Montano ha mantenido su inocencia.
Otro sospechoso de la matanza, el antiguo teniente Yusshy René Mendoza, ha accedido a colaborar con la fiscalía.
